Las últimas sentencias en materia de libertad de enseñanza y mantenimiento de unidades concertadas, particularmente del TS, tanto las que han sido favorables a los centros como las desfavorables a sus intereses, han puesto de manifiesto, en mi opinión, dos aspectos: que la tendencia judicial puede estar virando y cambiando sus asentados criterios anteriores, y, sobre todo, que el principal instrumento de defensa de la libertad de enseñanza no puede ni debe ser las actuaciones judiciales. Y esto último porque pleitear contra la Administración no es como hacerlo con un particular, que cuando pierde una sentencia se piensa mucho si recurrir o si puede asumir el coste de otro procedimiento. La Administración dispara con pólvora del rey y por eso puede permitirse ir cambiando sus argumentos como una práctica de ensayo y error, con la insistencia de la gota malaya, sin desfallecer en el intento, llevando cualquier pleito hasta sus últimas consecuencias e instancias, porque, al fin y al cabo, no lo pagan ellos… lo paga usted.
Por eso, aunque llevemos más de quince años de sentencias asentando un cuerpo doctrinal fundamentado y coherente, favorable a la libertad de enseñanza, en cualquier momento puede cambiar el aire. Y ya estamos avisados.
Las libertades públicas, como la de enseñanza, hay que ganarlas y mantenerlas en los foros, en las plazas, en las calles, en las redes, en los medios… en la sociedad. Ahí se pelea, se faja y se genera el debate, el diálogo y el consenso. Muchas minorías nos lo han demostrado en estos últimos años, generando nuevos derechos que hoy nadie se atreve a cuestionar, los comparta o no, ni en público ni en los juzgados. Generar corriente y opinión pública requiere arremangarse.
Es prioritario un debate social serio y fundamentado sobre la libertad de enseñanza porque ahora, o no existe o se basa en clichés, y prejuicios tan falsos como caducos y panfletarios.
Es necesario desenmascarar que detrás de la defensa, no de la escuela pública (que en realidad hoy nadie cuestiona), sino de la escuela pública única, como modelo excluyente, no está el estado de bienestar (garantizar el derecho a la educación de todos no está reñido con la elección del tipo o modelo de educación), sino el intervencionismo más puro, propio de aquél comunismo más rancio, fracasado y denostado en mil intentos prácticos. Que detrás de la escuela pública única está el unitarismo ideológico en la escuela, tan contrario a la pluralidad democrática y a la diversidad social. Que lo que se discute, no es qué escuela o modelo es mejor, sino la imposibilidad de que haya varios modelos, y usted elija. Que lo que se cuestiona, al fin, no es más que la libertad, su libertad, y, créame, hay pocas cosas, si es que hay alguna, más sagrada y por la que merezca más la pena pelear que la libertad.
Jesús Muñoz de Priego Alvear
Abogado, Especialista en derecho educativo
Artículo extraído del suplemento La Tiza del diario Viva Sevilla (17 de junio 2016)