El Preámbulo de la LOMLOE o “Ley Celaá” señala que la LOMCE no fue una ley consensuada. Utilizando un lenguaje político, fue una “ley partidista”, una ley que recogía “únicamente los planteamientos del Gobierno del Partido Popular”. Ahora curiosamente, el Gobierno de coalición PSOE-Podemos pretende aprobar una nueva reforma educativa, a través del Proyecto de Ley sin consenso, sin debate parlamentario, en pleno estado de alarma, con el parlamento funcionando de forma limitada, sin posibilidad de celebrar Plenos para la tramitación de iniciativas legislativas y con un horizonte totalmente incierto, a la espera de la evolución de la pandemia sanitaria.
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