Una vez más, en vísperas de iniciarse el proceso de admisión de alumnos se suscitan polémicas artificiales en detrimento de los colegios concertados. En esta ocasión, según informa La Nueva España, es la portavoz de IU en la Junta General la que afirmó en dicha sede el pasado día 8 que el carácter voluntario de las donaciones que reciben los centros de la región “es una engañifa”. Al parecer, para hacer una afirmación tan contundente se basa en un estudio nacional según el cual “el 90 % de los colegios de esta red en España cobra a las familias cuotas que va desde los 50 a los 200 euros”, y en que “discretamente las familias nos dicen que esta práctica (…) continúa”.
Es fácil suponer que el estudio al que se refiere sea el que cada año viene publicando el consorcio formado a tal fin por dos entidades tan aparentemente opuestas entre sí como la CEAPA (que agrupa a los padres y madres de la escuela pública y milita a favor de esta como opción principal, si no única) y la CICAE (patronal de la enseñanza puramente privada y, por tanto, en relación de competencia con algunos centros concertados). Uno esperaría que fueran las presuntas víctimas de esas prácticas irregulares las que encargaran estudios de ese tipo, pero al parecer estas prefieren dirigirse “discretamente” a IU por algún motivo que se nos escapa. En cambio, CEAPA y CICAE, unidas por su común amor a los padres y madres de la concertada, asumen su desinteresada defensa con empeño singular.
Esto, que parece anecdótico, no lo es tanto si se analiza el informe de 2020 que concreta en el 90% la supuesta exigencia de cuotas (el de 2021 ya rebajó esa cifra al 77 %). Para empezar, el trabajo de campo se limitó entonces a los colegios y comunidades autónomas (ocho) señalados previamente por quienes lo encargaron, es decir, apuntaba solo a determinados centros para extrapolar los resultados al resto, criterio cuando menos curioso si se pretende obtener un resultado fiable (imagínense los resultados de una encuesta sobre intención de voto hecha exclusivamente a la salida de la sede de IU, por decir algo). Si la Sra. Vallina se lo ha leído -como es de esperar, dada su preocupación por este asunto-, sabrá que entre estas comunidades autónomas no se encuentra el Principado de Asturias (tampoco en 2021), por lo que ningún centro asturiano ha sido investigado o estudiado en él. No solo eso, sino que la propia encuestadora reconocía en 2020 haber escogido un mayor número de centros de Madrid y Cataluña por ser donde se pagan las cuotas más altas. Por tanto, la intención de llegar a un resultado concreto está ya en la base de ese “estudio” que, para conseguir su objetivo no duda en mezclar confusamente, pese a ser conceptos distintos, donativos con precios de servicios y actividades complementarios o extraescolares (cuya percepción es por completo legal y obligada si se quiere disfrutar de ellos) o en traer a colación hasta las aportaciones de los socios cooperativistas de las “ikastolas”.
Es evidente que entre los miles de centros que hay en España, de titularidades muy heterogéneas, pueden darse algunas conductas irregulares, pero eso no permite generalizar la sospecha a todo el sector. Resulta absolutamente inverosímil que el 90% esté en la ilegalidad, se supone que con la tolerancia de administraciones autonómicas de distinto signo político. En particular, en Asturias no nos consta que exista ni un solo precedente en el que se haya sancionado por este motivo, por lo que sería bueno que antes de acusar de engaño a nadie se contrastara con datos fiables y objetivos lo que cuentan esas “discretas familias”, si no se quiere acabar amplificando simples insidias.
Joaquín Alonso Vigil
Asesor Jurídico de EC Asturias