Los defensores de la LOMLOE argumentan que la “demanda social” de la LOMCE era un instrumento para convertir a los centros públicos en subsidiarios de los concertados, privatizaba la educación y desmantelaba la red de centros públicos. Para demostrarlo aluden a lo sucedido en la Comunidad de Madrid, supuesto “eje del mal”.

Los datos desmienten tales argumentos. Vamos a tomar como referencia la situación en el curso 2002/2003, curso a partir del cual comenzarían a construirse nuevos centros concertados en la CAM, el curso 2012/2013 justo antes de aprobarse la LOMCE, y el curso 17/18 último dato disponible. La estadística del Consejo Escolar del Estado y del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid ofrece los siguientes datos de matriculación en los CENTROS PÚBLICOS.


De lo anterior se desprende que, tras un periodo de 16 cursos escolares, con la LOE y con la “desmanteladora” diabólica de la LOMCE de por medio, el resultado es que en el conjunto de España se escolariza un 0,26% menos de alumnos en los centros públicos. Si contamos solo el periodo LOMCE, el descenso es del 0,9%. Estos datos ¿permiten afirmar seriamente que la LOMCE y la “demanda social” ha producido un desmantelamiento de la red pública, o una privatización de la educación?

Pero el principal motivo para demonizar la “demanda social” y justificar la reforma educativa es la casuística de la Comunidad de Madrid. Desde luego es sorprendente que quienes se empeñan, con razón, en afirmar que “España no es Madrid”, saquen a “Madrid” para explicar lo que pasa en toda España. Pero, ¿qué ocurrió en Madrid? En el periodo 2003-2013 se construyeron 95 nuevos centros concertados (el 12% del total de la red concertada) y… ¡282 nuevos centros públicos! (dato siempre omitido), sin LOMCE y sin el término “demanda social” incorporado a la legislación. Si analizamos la repercusión en términos de escolarización, en el periodo 2003/2013, hubo un descenso de alumnos en centros públicos del 1,4%. En ese momento se aprueba la LOMCE, y el efecto de esta Ley y la “demanda social” es que en el curso 2017/2018 los centros públicos de Madrid incrementan un 1,1% de alumnado. En el conjunto del periodo analizado, hay un descenso de alumnado en los centros públicos de la CAM del 0,3%. Con esta foto ¿se puede hablar de desmantelamiento de la red pública? Cabe señalar que en la CAM, históricamente, la presencia de centros privados sin concierto es particularmente alta, sobre el 15%, el doble que la media en España, lo cual explica básicamente la diferencia en el porcentaje de escolarización en centros públicos de la CAM respecto del resto de España.

Entonces, si las redes pública y concertada se mantienen prácticamente en idénticos porcentajes, tanto en España como en la CAM, ¿por qué y para qué se introdujo el término “demanda social” en la LOMCE? En aquel momento, finales del 2013, se constataba la existencia de políticas de supresión de unidades concertadas llenas de alumnos por parte de gobiernos autonómicos que proclamaban abiertamente el carácter subsidiario de los conciertos. Andalucía, quizá, era el ejemplo paradigmático de unas políticas que, en muchos casos, terminaron encallando en el Tribunal Supremo. La referencia a la “demanda social”, como uno de los criterios para la programación de los puestos escolares, se introdujo para proteger a los centros concertados de esas políticas de supresión de conciertos.

La prueba de esta finalidad la tenemos en lo ocurrido en estos últimos años en la Comunidad Valenciana, Aragón, o más recientemente en La Rioja. La llegada de coaliciones de izquierda se tradujo automáticamente en decisiones de supresión de unidades concertadas con alumnos que volvieron a ser revocadas en los tribunales.

Con la LOMLOE, por tanto, no se pretende restablecer un equilibrio entre la red pública y la concertada supuestamente quebrado por la LOMCE. Antes al contrario, la eliminación de la demanda social y sus “terribles” efectos es un mera coartada para introducir una modificación de la Ley que permita el cierre de unidades concertadas con alumnos, que tienen “demanda social”, y convertir en subsidiaria (prescindible) a la red concertada, tal y como habían intentado infructuosamente los gobiernos autonómicos con coaliciones de izquierda. En este sentido, la enmienda transaccional aprobada en la tramitación de la LOMLOE para modificar el artículo 109 (apartados 1,2,3 y el nuevo 5) de la LOE evidencia este objetivo. Afirma que los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación mediante una oferta suficiente de plazas públicas; continúa señalando que las Administraciones educativas garantizarán la existencia de plazas públicas suficientes, y termina con la promoción de un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública.

La prueba de que no son exageraciones o conclusiones alarmistas la encontramos en el argumentario que utiliza uno de los socios de la coalición de gobierno, en este caso Unidas Podemos. Esta formación señala, en un esclarecedor documento de su grupo parlamentario, que la LOMLOE apuesta por aumentar las plazas educativas públicas, señalando que en España “solo” el 67% de los alumnos se escolariza en la red pública frente al 90% de la media europea. Es decir, la LOMLOE es un instrumento para corregir la pretendida “anomalía española” y propiciar un trasvase de la red concertada a la red pública que nos acerque a ese porcentaje del 90%. Teniendo en cuenta que los centros privados sin concierto suponen el 7% del sistema educativo en el conjunto de España, los centros concertados (el 25%) se verían reducidos a medio plazo a un testimonial 3%. Con todo, el documento de UP dice que esto no significa que la privada concertada vaya a desaparecer. Efectivamente, en el “gulag” tampoco desaparecieron todos.

A la vista de lo expuesto, creo que se puede afirmar sin especial dificultad que la LOMLOE apunta hacia un horizonte dual y desigual, donde solo las familias de nivel socioeconómico muy alto podrán elegir lo que quieran (público o privado), y las demás deberán responder a la obligación de escolarizar a sus hijos matriculándolos forzosamente en los centros estatales, les guste o no. En definitiva, un ataque sin precedentes a la libertad de enseñanza que proclama el artículo 27 de la Constitución, con el pretexto de la “demanda social”.

José Antonio Poveda
Secretario Autonómico de Escuelas Católicas de Madrid
@joseanpoveda