El salario mínimo interprofesional (SMI) para 2023 en España ha quedado fijado en 1.080 euros al mes (aumenta un 8% anual y supone un incremento del 47% en los últimos cinco años). El SMI es la cuantía retributiva mínima o el valor del salario mínimo que recibe un trabajador por la jornada completa de trabajo, independientemente del tipo de contrato que tenga. El SMI está fijado anualmente por el Gobierno y se publica en el Boletín Oficial del Estado.

Hay quienes piensan que subir el SMI “por decreto” (que es como se hace) es un paso adecuado en el objetivo de reducir lo que se denomina “pobreza laboral”, que es la pobreza que viven personas que tienen empleo pero que no obtienen los recursos necesarios para una estándar de vida o consumo. Otros, en cambio, consideran que es una medida poco efectiva para reducir la pobreza y la desigualdad, y en cambio, pueda suponer una destrucción de empleo o debilitamiento del ritmo de creación de empleo. 

DOS MODELOS PARA UNA REALIDAD
Podríamos simplificar diciendo que existen dos teorías para entender el mercado de trabajo y que representan diferentes impactos sobre lo que puede suponer la subida del SMI.

Las teorías que podríamos llamar más “clásicas” plantean que el salario de los trabajadores debiera ser igual a la productividad marginal del trabajo. Es decir, un salario debiera subir en función de las subidas de la productividad: se retribuye más gracias a que la productividad crece, y por lo tanto permite ese incremento de la retribución. 

Según ese modelo, cabe el riesgo de que si sube el SMI por encima de la productividad se deje sin trabajo a aquellos trabajadores marginales cuya productividad no haya evolucionado en el mismo porcentaje. Este modelo plantearía la posibilidad de que subir el SMI puede destruir empleo. Para entendernos de forma gráfica: si un trabajador, con la tecnología que usa, tiene un rendimiento o productividad que no varía, difícilmente se justificaría económicamente incrementos de su salario. Al grano, nunca mejor dicho: si un agricultor con una máquina de cosechar consigue en una jornada cosechar 10 hectáreas y su salario sube, pero sigue cosechando lo mismo porque la tecnología es la misma (= la productividad es la misma), entonces el rendimiento de la explotación disminuirá por la subida de los costes de producción. Y no siempre es posible trasladar esos mayores costes a una subida de los precios de venta de los bienes y servicios. Estas teorías claro está tienen que singularizarse en los sectores de ocupación, en las variables de cada ámbito industrial o manufacturero, en el uso intensivo o no de tecnología, etc. Pero para simplificar, creo que podemos avanzar.

Otros economistas utilizan un marco teórico diferente para entender el mercado de trabajo: la consideración es que el salario es fruto de la negociación entre empresas y trabajadores (siempre con mayor poder de las primeras) y, en consecuencia, el salario de los trabajadores está por debajo de la productividad marginal. Según esta interpretación, una subida del SMI no tendría un impacto importante sobre el nivel de empleo y vendría a corregir el excesivo poder negociador de las empresas. Para decirlo con otras palabras, vendría a referir que el salario realmente no está vinculado a la productividad y los resultados, sino a una negociación en la cual conviene apoyar la subida de lSMI puesto que ese marco de relación estaría inclinado hacia un mayor poder de negociación de las empresas. Quizás suena un poco a lucha de clases este modelo, o quizás lo sea. Sea lo que sea este modelo conceptual es claramente el que ha venido ganando adeptos. 

Según la OCDE (2018), y en base al promedio de 27 países analizados entre 1995 y 2013, la productividad del trabajo creció en términos reales un 30%, mientras que el salario medio lo hizo un 23%. Esta evidencia contradice las teorías que asumen que los salarios de equilibrio son iguales a la productividad marginal del trabajo y, por tanto, da argumentos para la implementación de políticas contra la desigualdad, como el salario mínimo (que fuerza a la revisión salarial).

Parece existir en España una tendencia similar a la de otros países desarrollados según la cual los salarios han crecido por debajo de la productividad en las últimas décadas, una tendencia que aporta argumentos a los críticos de la teoría clásica. Pero, siempre hay un pero, parece que el diferencial entre salarios y productividad depende de la medida de salarios utilizada y varía según el sector de actividad. Y quizás este puede ser un gran problema: el SMI es café para todos, y ya sabemos en España el follón que montamos cuando diez personas pedimos café… y todos lo pedimos diferente. ¿Todos los sectores afectados por el SMI están en la misma situación?

Una fuente supongo creíble en estas cuestiones económicas como es el Banco de España ha concluido en su estudio “Los efectos del SMI en el empleo: nueva evidencia para España”, del año 2021, que cada punto que sube el SMI se resta medio punto a la creación de empleo. Algo nos hace pensar: la subida del SMI quizás de momento no destruye empleo, pero minora la capacidad de creación. Podrá pasar a destruir si la subida sobrepasa la productividad. Eso es evidente: nadie contrata para perder dinero.

No sólo el Banco de España ha apuntado en ese sentido. El Ministerio de Trabajo encargó a la catedrática de Economía Sara de la Rica un informe con el que argumentar a favor de la subida planteada, pero sin embargo el informe ha sido polémico puesto que arrojó un resultado no deseado por el Ministerio: los efectos contraproducentes que tendría para la creación de empleo en los sectores sensibles a la subida (apunta a casi 30.000 puestos los destruidos por la subida del 22% en 2019).

¿TIENE ALGO QUE VER EL SMI CON LA LUCHA CONTRA LA POBREZA?
En general, todos estaríamos de acuerdo en subir a todo el mundo el salario, o al menos hacerlo con los salarios más bajos. Es fácil realizar una vinculación ideológica de que dicha medida forma parte de un modelo de lucha contra la pobreza. Aspecto que de ser verdad sin duda todos, yo al menos, aplaudiría.

Lo cierto es que el SMI no reduce de forma significativa la desigualdad de rentas ni la pobreza. El aumento del SMI puede beneficiar a trabajadores con bajos salarios, pero no necesariamente a familias con bajo nivel de renta (indicador más eficaz para hablar de la pobreza). En España se estima que solo un 10% de la población por debajo del umbral de la pobreza son trabajadores que perciben el SMI.

La relación entre ser un trabajador con bajo salario y ser miembro de una familia pobre es débil por tres razones. Primero, la mayoría de las familias pobres con cabeza de familia entre 18 y 64 años no tienen ningún miembro con empleo, y por tanto el SMI no les afecta directamente. Esto demostraría que la mejor política para la lucha contra la pobreza es la creación de empleo. Segundo, en España muchos trabajadores son pobres porque tienen contratos precarios, con frecuentes interrupciones involuntarias del empleo, con contratos a tiempo parcial, etc. A estos trabajadores, el SMI tampoco les afecta directamente. Finalmente, en tercer lugar, muchos trabajadores con bajos salarios, especialmente los más jóvenes, no son miembros de familias pobres. 

CONVIENE NO OLVIDAR SI QUEREMOS LUCHAR CONTRA LA POBREZA
La subida del SMI, saludada por los sindicatos, no ha recibido esta vez el aval de la patronal, que se ha ausentado de las negociaciones o quizás haya sido excluida de forma directa cuando al negociar le llaman “lentejas”. 

Resulta evidente que el clima creado en torno a las empresas y los empresarios no es positivo. Hay que destacar que las grandes empresas que han sido objeto de críticas políticas acusadas de insolidarias… no tienen ningún  trabajador que cobre el SMI (salvo error en las estadísticas). Esta es también parte de la realidad: las empresas en España no son las “grandes empresas”, ya que el 99% del tejido empresarial de nuestro país lo componen pequeñas y medianas empresas. Únicamente el 1% son grandes corporaciones. 

Las pymes suponen el 65% del PIB de nuestro país y generan el 75% de los puestos de trabajo. Y a esas estructuras un incremento de costes laborales en cinco años de casi un 50%, más los incrementos realizados en las cotizaciones patronales a la Seguridad Social y el nuevo “Mecanismo de Equidad Intergeneracional” en dichas cotizaciones, claro que les afecta. Puede que quizás a no expulsar empleo, ojalá, pero seguro que a ralentizar o parar la creación de más. Y eso no nos lo podemos permitir: por lo que supone de truncar proyectos vitales, pero también para el equilibrio del sistema de pensiones, etc.

Cabe preguntarse si la verdadera solidaridad debiera darse facilitando el acceso al empleo a los que no lo tienen. Ese es, sin duda, el mejor mecanismo de lucha contra la pobreza.

Javier Poveda
Director del Departamento de Administración de EC