Recientemente se ha publicado en la prensa nacional información sobre los más de 1.500 millones de euros que deben destinarse a formación continua y que están bloqueados por el actual Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Ese dinero es el resultado de cantidades que no se han llegado a utilizar para la formación de trabajadores en 2015, 2016 y 2017 según ha trasladado el Servicio Público de Empleo Estatal a patronales y sindicatos.
La situación es el resultado perverso generado desde la propia Administración, la cual aplicó una reforma de la formación en 2015, que ha hecho un sistema con exigencias tan complicadas para impartir cursos que son inviables.
Entre la nueva normativa creada en la reforma se encuentra:
- La necesidad de adelantar una cantidad importante del dinero durante largos plazos. Se cobra un 60% y durante un tiempo indeterminado, en ocasiones próximo a 18 meses, se cobra el 40% restante si la Administración valida la documentación justificativa.
- Retrasos en la publicación de convocatorias, hasta el punto de que en estos momentos, tan cerca de 2019, se están esperando todavía pagos de 2015.
- Los pocos presupuestos que se están usando son de años anteriores, generando un déficit de renovación formativa a la sociedad.
- La obligación, si se quiere participar en algunas convocatorias, de agrupar empresas de diferentes CC.AA., que no tienen ninguna vinculación entre sí, viéndose forzadas a establecer relaciones solidarias en caso de devolución de pagos, sin dejar control alguno a las empresas de la formación realizada por las demás entidades.
Cada año, este Ministerio recauda aproximadamente unos 2.000 millones de la cuota para formación, que se extrae del 0,7% de la base de cotización de la nómina de los trabajadores, en concepto de formación profesional y que debe emplearse obligatoriamente para eso. El Tribunal Constitucional ha sentenciado en diversas ocasiones que ese dinero solo puede gastarse en esa actividad, que es para la que se ha recaudado. Por tanto, las modificaciones legislativas de 2015 consagraron esa doctrina que obliga a guardar lo no gastado y hacerlo en los años siguientes.
Las consecuencias de este desastre es que la valorada y aceptada internacionalmente formación continua, se ve permanente perjudicada por los caprichos políticos del país y la burocratización del sistema, hasta hacerlo inviable.
El aprendizaje a lo largo de la vida, que tanto propugnan desde la Administración Pública, se ve sumergido en fango y con pies de plomo, cual soldadito que no puede andar. El entorno empresarial y los trabajadores plantean la necesidad constante de fortalecer y adquirir nuevas habilidades y metodologías, actualizar los conocimientos y anticipar tendencias. Los trabajadores cada vez más tienen ganas y necesidad de actualizar sus conocimientos y habilidades para adaptarse al entorno. Y con esta situación, las convocatorias anuales de formación continua han pasado de dar respuesta a las necesidades laborales a quedar en el cajón de los buenos deseos, ya que las propias convocatorias son un enrevesado compendio de artículos que no dejan margen a presentar proyectos.
https://elpais.com/economia/2018/09/30/actualidad/1538326019_101332.html
Jacobo Lería Hernández