La decisión de PSOE y Podemos de incluir en su pacto para los Presupuestos de Castilla-La Mancha del presente año una reducción progresiva de la financiación a la educación concertada es grave, preocupante y, cuanto menos, sorprendente.

Que uno de los pilares fundamentales del pacto de gobernabilidad sea la congelación de la financiación a la escuela concertada es asombroso, como si esta fuese un mal que hay que atajar. Con esta decisión se quiere penalizar, sin ninguna explicación, a las familias que confían la educación de sus hijos a la escuela concertada poniendo en juego el ejercicio de su libertad y el derecho de los ciudadanos.

Habría que recordar a nuestros políticos que la concertada no es el enemigo a batir, más si se tiene en cuenta que los conciertos distan mucho de financiar el coste real de la enseñanza, cuyo déficit se enjuga, día a día, con la profesionalidad y el esfuerzo del profesorado y del resto del personal que presta sus servicios en estos centros de iniciativa social.

Somos conscientes de que vivimos tiempos de pactos, pero con esta decisión la Administración vulnera los derechos de unos a favor de otros. Por un lado, el de las familias que, libre y responsablemente, han decidido elegir una enseñanza distinta de aquella que ofrece la Administración, porque es éste un derecho que les asiste y que consagra nuestra Constitución y la declaración de Derechos Humanos de la ONU. Y por otro lado, a costa de los trabajadores, profesores, personal de administración y servicios y a costa de las titularidades que trabajan y sirven a nuestra sociedad desde hace muchos años, algunas de ellas centenarias, a costa de los centros concertados.

El principal argumento sostenido para esta decisión es que la financiación de los centros concertados se hace en detrimento de la escuela pública. Cuesta imaginar que los alumnos de la escuela pública hayan visto mermados sus derechos por la financiación de la enseñanza concertada y prueba de ellos son, por ejemplo, el Plan de mejora de la ESO, del que la concertada nunca percibió un céntimo, o las políticas de inmersión lingüística, de las que participan los centros concertados con la premisa de que sean a coste cero para la Administración.

A pesar de todo, la escuela concertada seguirá abierta a todos, ofreciendo la formación integral, innovadora y crítica que ha posibilitado su reconocimiento por la comunidad educativa y por tantas generaciones que hoy atestiguan su labor y su incuestionable compromiso con el progreso. También seguirá abierta al diálogo y esperando una explicación de unas políticas viejas y superadas que ahora se nos anuncian como nuevas.

Departamento de Comunicación de EC

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