La educación en el respeto a los demás, en el trato adecuado al resto de miembros de la comunidad educativa y en el ámbito personal, familiar y social, son objetivos esenciales de la acción formativa de los alumnos. No se puede hablar de verdadera educación si no se dedica una atención especial a cultivar el respeto en el aula. Como puso de manifiesto el “Informe Delors”, en los ámbitos escolares en los que no existe un adecuado clima de respeto mutuo, el cumplimiento del resto de objetivos (académicos) de la actividad educativa se ven seriamente afectados. 

Sin embargo, a pesar de la contundencia y claridad de los principios recogidos en la Constitución o en la LODE, genera alarma social y desconcierto la reiterada aparición de casos de violencia familiar y escolar, fruto de múltiples factores de ámbito superior. Especialmente, esta situación contrasta con la aprobación por parte de todas las administraciones educativas y de los titulares de los centros, de decretos, órdenes, instrucciones, planes, reglamentos de régimen interior, normas de convivencia, protocolos frente al acoso, manuales de conducta, etc., en los que se aborda este tema desde una óptica jurídica, estableciendo el régimen normativo de aplicación que disuada o sancione dichos casos de violencia.

Llegados a ese punto, cabe preguntarse qué nuevas medidas pueden aplicarse para erradicar esta grave lacra. La respuesta no es sencilla pero todo indica la imperiosa necesidad de abrir el campo de visión: otorgar la importancia que merece a este tema desde el punto de vista educativo, tutorial, vivencial, relacional…; establecer indicadores que detecten supuestos casos de violencia; medios de denuncia accesibles para las víctimas; tratamiento conjunto con las familias y entornos escolares (barrio, etc.); apoyo en los recursos administrativos en función de la gravedad de los hechos (Inspección educativa, Fiscalía de Menores, policía, psicólogos forenses…); etc.

Escuelas Católicas viene desde hace años sensibilizando a los titulares, equipos directivos y claustros en la necesidad de un tratamiento multidisciplinar de este tema, con materiales disponibles en la página web, manuales y protocolos de actuación, jornadas nacionales y autonómicas, etc. Asimismo, propuso al Ministerio de Justicia en 2013 la creación del Registro de Delincuentes Sexuales y la exigencia de certificado negativo de dichos delitos a todo el personal que se incorporase a nuestros centros, medida incorporada a la Ley de Protección a la infancia en 2015. Igualmente, firmó el pasado 5 de octubre de 2015, en la sede del Ministerio de Interior, el Protocolo de Adhesión al Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros educativos y su entorno.

Por su parte, el MECD acaba de elevar al Consejo de Ministros, en enero de 2016, el “Informe sobre el Plan Estratégico de Convivencia Escolar” que incluye más de 70 medidas para luchar contra el acoso y maltrato en el ámbito escolar, medidas como el teléfono de atención a víctimas del acoso escolar, un Protocolo de convivencia unificado y coordinado con las CC.AA., Guía para Padres, Registro y Observatorio de la Convivencia, Congreso estatal, formación para docentes, Red de Escuelas “Tolerancia Cero”, etc.

Escuelas Católicas procederá a formalizar en los próximas días un Convenio de Colaboración con la Fundación ANAR, ONG especializada en la atención a alumnos en situación de riesgo de maltrato escolar, familiar o social, para coordinar actuaciones de difusión y respuesta inmediata. Finalmente, se está ultimando un Manual actualizado con enfoque pedagógico, jurídico y comunicativo, que será presentado a toda la comunidad educativa dentro del presente curso escolar 2015-16.

En suma, debemos reforzar y aumentar nuestra sensibilidad hacia este importante tema, de manera que la acción educativa cumpla su finalidad primordial, el pleno desarrollo de la personalidad del alumno, en un clima de respeto y confianza.

Luis Centeno Caballero
@lcentenoc

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